El pleno acuerda, por unanimidad, abrir un proceso que servirá para aclarar si se han producido presuntas irregularidades por parte de la empresa adjudicataria “tras las numerosas quejas recibidas de los familiares de los usuarios”. 

El pleno de noviembre,  celebrado el pasado martes en el auditorio ‘El Carmelo’, abordó, entre otros asuntos, la aprobación de la apertura de un expediente incidental de imposición de penalidades a la empresa adjudicataria del contrato de gestión de la residencia ‘Villa de Tordesillas’. Todos los grupos políticos, por unanimidad, votaron a favor de iniciar un proceso que servirá para aclarar si se han producido presuntas irregularidades por parte de Aralia Servicios Socio Sanitarios, la empresa adjudicataria del contrato suscrito con el municipio para la gestión del centro público.

La decisión, que ya contaba con el voto a favor de todos los grupos municipales en la comisión celebrada previamente a la sesión plenaria, surge, por parte del equipo de gobierno, para cumplir el papel del Ayuntamiento a la hora de supervisar, vigilar y controlar la calidad de los servicios prestados a los usuarios del centro. “Es oportuno aclarar los hechos, puesto que ha habido distintas quejas formuladas por parte de los familiares de los usuarios, además de una denuncia interpuesta ante la propia Guardia Civil”, explicaba durante el pleno el alcalde, Miguel Ángel Oliveira.

El objetivo es hacer cumplir las condiciones del pliego suscrito con el Consistorio, mientras que entre las quejas registradas figura que “han existido supuestas deficiencias relacionadas con la correcta atención a los residentes”, las cuales, de demostrarse, podrían derivar en infracciones graves. Una vez abierto el expediente incidental, se abre ahora un plazo de diez días para que la empresa adjudicataria tenga oportunidad de pronunciarse al respecto y presente las correspondientes alegaciones y documentación pertinente.

La decisión contó con el apoyo de la oposición, cuyo principal representante, Rafael García Valea (PSOE), afirmó que “se acusa de cosas muy fuertes a la empresa. Estamos hablando de faltas muy graves, que, en suma, podrían dar pie a la rescisión del contrato”. “Pediremos la sanción máxima si se demuestran dichas irregularidades”, concluyó.

La empresa adjudicataria alega que “no existen referencias sobre irregularidades” y señala que “se está vulnerando nuestro buen nombre”

La empresa adjudicataria, Aralia Servicios Socio Sanitarios, en vista de que el pleno abordaría la decisión de abrir el expediente incidental, se ha pronunciado, a través de un comunicado, en el que niega la existencia de irregularidades en el centro. “Se ha prejuzgado de manera inaceptable, cuando hemos mantenido con el Ayuntamiento una continua interlocución, asumiendo incluso costes que, conforme al contrato actual, no son exigibles”, apuntan.

Tras declarar que “se está vulnerando de manera injustificada nuestro buen nombre y el de todos nuestros profesionales”, la empresa manifiesta que “las autoridades sanitarias de la Junta de Castilla y León, en su última inspección, desarrollada el 4 de octubre, no ha recogido referencia alguna a esas presuntas irregularidades”.

“Los ratios de personal de la residencia se cumplen por exceso en todas las categorías profesionales, y desde Aralia queremos trasladar que estamos haciendo todo cuanto en nuestra mano se encuentra para cuidar de todos los residentes, y que no cejaremos en nuestro empeño y compromiso, sometidos en todo momento, como hasta ahora ha venido ocurriendo, a las directrices de las Autoridades Sanitarias competentes, así como las del propio Ayuntamiento”, concluyen.