Según el sindicato agrario, el gobierno ha generado un “paraíso a la altura de Tordesillas para que los conejos vivan y realicen cientos y cientos de madrigueras arrasando después los cultivos colindantes a la autovía”

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ha vuelto a culpar al  Gobierno por su “dejadez e irresponsabilidad”. A las previas acusaciones de no favorecer unos precios justos para agricultores y no apoyar suficientemente a la ganadería, se ha sumado la queja por una plaga de conejos en el entorno de la autovía A-11, a la altura de Tordesillas que está suponiendo constantes quebraderos de cabeza para los agricultores de la zona.

Desde ASAJA se denuncia que la construcción de la autovía generó una pared de tierra de varios metros de altura  que es un “paraíso de para que los conejos vivan y realicen cientos y cientos de madrigueras arrasando después los cultivos”. Esta plaga no solo causa desperfectos en la localidad de Tordesillas, si no que también afecta a pueblos cercanos como Bercero, Villavieja del Cerro, Torrecilla de la Abadeso o Villalar de los Comuneros.

Al parecer, un centenar de conejos han arrasado varias hectáreas de trigo recién nacido de varios agricultores que perderán miles de euros por los daños de los animales, según ha afirmado ASAJA. El principal responsable para la asociación es “una administración ajena a los problemas de las personas que viven y trabajan en el medio rural”. La construcción de la carretera ha supuesto un espacio de vida ideal para los conejos que salen en busca de alimento y arrasan con las explotaciones de los agricultores de esta zona.

Desde ASAJA Valladolid se pide pide que el Ministerio de Fomento que “se encargue de acabar con la plaga de conejos que se cobijan en un terreno que es de su propiedad y del que tienen que hacerse responsables”. También denuncian que, a la hora de hace la autovía, no se tuvo en cuenta este posible problema en la declaración de impacto ambiental. Así, el sindicato agrícola califica de “vergüenza e injusticia” que, aunque ganen la sentencia, los agricultores tengan que gastar cerca de 13.000 euros para meterse en un proceso judicial contra Fomento que se alarga durante varios años.