El consistorio ha avanzado que tratará que la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta establezca un informe sobre los servicios prestados por la empresa adjudicataria dadas las quejas de los usuarios y sus familias

A raíz de las numerosas quejas presentadas durante los últimos meses por parte de los usuarios de la Residencia y Centro de Día Villa de Tordesillas, el Ayuntamiento de la localidad ha garantizado este martes que “velará por la calidad del servicio” de este centro público. Tal y como ha dado a conocer el gobierno municipal -compuesto por PP y Vox- “fue un mes después de su llegada al Consistorio, en el mes de julio, cuando se recibieron las primeras quejas por falta de personal o por la deficiencia de los servicios prestados”.

El alcalde, Miguel Ángel Oliveira, ha señalado a este respecto que “por aquel entonces tuvimos un contacto con la empresa adjudicataria, ejerciendo precisamente la labor de control que nos compete, notificando a la misma estas quejas para exigir el correcto cumplimiento del pliego”. “En este período se solucionaron los problemas, hasta el mes pasado, cuando, en los últimos días de diciembre, se recibieron de nuevo quejas por falta de personal, subida de cuotas injustificadas según los usuarios o una carga de trabajo elevada por parte del personal”, aclara Oliveira.

El primer edil subraya que “ya han existido reuniones en estas últimas semanas entre el Ayuntamiento, la residencia, la dirección regional de la empresa y el director general de Aralia S.A., sociedad que gestiona el pliego de servicios de la Residencia Pública de Tordesillas desde el 30 de junio de 2014, a través de una adjudicación que tiene una vigencia de 20 años y es prorrogable hasta 25.

“Es situación que nos preocupa enormemente, ya que se trata de un servicio vital para muchas familias, y que da apoyo a personas que no pueden valerse por sí mismas. Nos han confirmado desde la empresa que los ratios del servicio se están cumpliendo y que este está garantizado”. El Ayuntamiento ahora, como parte propietaria del inmueble, y en su función de “vigilante” para que todo funcione correctamente, anuncia que ha empezado a tramitar expediente informativo para que sea la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León la que determine si la residencia está funcionando de acuerdo a lo establecido.

Tal y como ha dado a conocer el Consistorio, “aunque tienen controles periódicos, deberá ser este organismo el que analice las quejas y el actual estado del servicio para saber si se está cumpliendo el pliego”. Otro de los puntos que deberán ser analizados es si se cumplen los grados de dependencia de los usuarios establecidos por la propia gerencia, dado el cambio de evaluación de hasta 26 pacientes, que han sufrido un aumento de su cuota por dicha circunstancia.

Desde el gobierno local se ha resaltado que “el descontento de las familias viene siendo denunciado desde hace varios años sin que nadie haya tomado cartas en el asunto para buscar una solución, cosa que está haciendo ahora precisamente el actual equipo de gobierno”.

Por su parte, desde el PSOE, Rafael García Valea ha manifestado que “en el pleno del mes de julio desde el grupo socialista ya instamos al Ayuntamiento a que tomase medidas ante las quejas recibidas, y se nos tachó poco menos que de alarmistas, al consolidarlos problemas puntuales”. Desde el PSOE echan el falta el consejo de familia, “una herramienta que funcionaba muy bien y que no se ha convocado con el actual gobierno”. El grupo socialista instará en el pleno de este martes al gobierno local “que se mantenga vigilante y tome medidas, comprobando que el pliego de condiciones se cumple estrictamente y los pacientes estén bien atendidos, echando mano de las medidas sancionadoras que correspondan”.