La agrupación propone estudiar vías para reclamar el inmueble a la Iglesia considerando la inversión pública para la puesta en marcha del espacio cultural ‘El Carmelo’

Izquierda Unida de Tordesillas ha criticado el hecho de que la Iglesia inmatriculase el templo tordesillano de Cristo Rey acogiéndose a la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998. Tal y como se ha señalado desde este partido, la iglesia católica ha inmatriculado hasta 115 inmuebles en la provincia de Valladolid entre los años 1998 y 2015, «inscribiéndolos a su nombre en el registro de la propiedad gracias a la reforma emprendida por el Gobierno Aznar». «Hasta esta reforma la inscripción de los templos de culto no estaba permitida al considerarse que se trataba de bienes públicos», explican desde IU, señalando que en Tordesillas se ha producido la inmatriculación de este templo, el cual alberga el espacio cultural ‘El Carmelo’, cedido al Ayuntamiento para este uso por un período de 25 años de duración.

“Una Ley que permite a los obispos ir al registro civil y sin necesidad de presentar ningún documento acreditativo de propiedad, mediante pequeño pago, pasar a ser dueños del bien registrado, es algo impensable en un país democrático, de hecho así lo entendió el Tribunal de Estrasburgo que tuvo que dar un toque a nuestro país para que fuera derogada”, señalan desde la formación. «Pero lo agravante de este caso es el hecho de que a los pocos años de adquirir el inmueble lo cedieron al Ayuntamiento para que, tras una gran inversión, lo utilizaran como Auditorio», añaden. “El negocio para el Arzobispado es perfecto. Primero inmatriculan un bien señalando que es para el culto, luego el Ayuntamiento se lo arregla invirtiendo dinero de todos los tordesillanos para explotarlo como auditorio, con lo cual queda claro que ni lo necesitaban ni lo iban a utilizar para el culto, y al cabo de unos años van a recuperar el inmueble perfectamente reformado y sin invertir un duro” explican desde IU Tordesillas.

Con todo ello, desde la asamblea de esta formación, plantean que el Ayuntamiento «investigue la vía de una reclamación municipal para recuperar la titularidad pública del espacio». «Actualmente es el pueblo quien lo está explotando y quien ha invertido dinero en él, no tiene sentido que sea de alguien que no necesita por haberse beneficiado de una Ley que se ha derogado por estar alejada de los principios democráticos y ser cuestionada por Europa”, concluyen.