El fiscal de la Sala de Medio Ambiente ha comunicado al Ministerio de Derechos Sociales que no procede la suspensión cautelar del Torneo, y archiva las diligencias preprocesales 

El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha comunicado este viernes al Ministerio de Derechos Sociales que no procede la suspensión cautelar del Toro de la Vega en Tordesillas el próximo martes, 13 de septiembre, al no apreciar indicios de delito.

El Ministerio Público considera «que no existen indicios de la comisión de delito alguno», sin perjuicio de que se pueda hacer un análisis concreto de la orden autonómica que autoriza a Tordesillas a celebrar el Toro de la Vega, adaptando las bases de esta fiesta popular al reglamento de la comunidad que prohíbe dar muerte al animal. En todo caso, ese análisis correspondería hacerlo a la jurisdicción contencioso-administrativa y no a la Fiscalía, según explica Vercher en su oficio.

Por todo ello, el fiscal archiva las diligencias preprocesales que se abrieron después de que tanto la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, y el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, solicitaran este jueves al Ministerio Público que paralizara la convocatoria del Toro de la Vega, previsto para el próximo martes. Según alegaban, aunque desde hace años está prohibido dar muerte al toro, la celebración de este festejo «podría derivar en un delito de maltrato animal».

La Fiscalía de Medio Ambiente ya se ha pronunciado en el mismo sentido en peticiones similares en los años 2007 y 2015. La cuestión esencial, explica el Ministerio Público, reside en que existe una base legal autonómica que permite la actual situación en la que se encuentra el evento y a la que se ha adaptado el modo de celebrar este tipo de festejos.

Con esta decisión se cierra la polémica iniciada este jueves, tras la denuncia interpuesta por el Ministerio. El propio Ayuntamiento de Tordesillas precisamente ha emitido este viernes a primera hora un comunicado señalando que «la modificación de la ordenanza cumple estrictamente con la Ley y cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León». En el escrito el alcalde, Miguel Ángel Oliveira, pedía «máximo respeto» al municipio y a sus vecinos, defendiendo la independencia del poder judicial de «las presiones políticas y mediáticas» que, a su juicio, se estaban produciendo.