Fecha: 26 marzo, 2024

Aseguran que Fabio «ha sido castigado» sin transporte escolar tras un cambio de directrices ordenado por el órgano provincial y que no fue notificado por escrito. El diputado provincial y portavoz del grupo, Julio Pereda, se suma a las reivindicaciones de Elisa Cerrillo, madre de Fabio, para que este servicio sea restituido

El Grupo Político Provincial Toma la Palabra ha denunciado en estos días la actuación de la Dirección Provincial de Educación ante la cancelación, sin previo aviso, del servicio de transporte escolar de un alumno con discapacidad del colegio Pedro I de Tordesillas. Una decisión que califican de «discriminatoria» y sobre la que su portavoz, el diputado Julio Pereda, se ha pronunciado, sumándose a las reivindicaciones de la madre del alumno para que «este servicio sea restituido y la discapacidad de un joven no pueda volver a ser motivo de riesgo para su escolarización».

El alumno en cuestión, Fabio, es natural del municipio de San Pelayo y está matriculado en el Aula de Educación Especial del colegio Pedro I de Tordesillas, y unos días antes de las vacaciones de Semana Santa ha sido ‘castigado’ sin transporte escolar, «de la noche a la mañana y sin previo aviso», por la Dirección Provincial de Educación.

Fabio tiene 17 años y una discapacidad del 98%, con parálisis cerebral y rasgos TEA (Trastorno del espectro Autista), por lo que ante un dolor o estímulo indeterminado Fabio tiene conductas disruptivas. El día 14 y 18 de marzo sufrió ambos episodios de dichas crisis que «él no puede controlar». El día 18 llamaron a su madre, Elisa, del colegio para que fuera a buscarle, aludiendo que ese nerviosismo podría suponer «riesgos tanto para él, como para los demás ocupantes del transporte escolar». Su madre acudió a recogerlo y acordó con el Director del centro la puesta en marcha de un protocolo de actuación para posibles futuros momentos de crisis.

Este protocolo a llevar a cabo consistiría en, primero, intentar calmarlo primeramente, «algo que sería más fácil si existiera una sala aislada y protegida de relajación que dijeron hace años que se iba a hacer», relata Elisa, y apunta que, en caso de no lograrlo, se avisaría a los padres, y si estos no son localizados, se avisaría al 112, relata Elisa. Al día siguiente, el 19 de marzo a las 13:00 horas, la madre recibió una llamada telefónica de la Jefa de Estudios del centro escolar, comunicándole la suspensión del transporte para Fabio, un cambio de directrices ordenado por la Dirección Provincial de Educación y que «no fue notificado por escrito».

“No recibí nada por escrito hasta el día 21 a las 13:15 horas, cuando Fabio sale de clase a las 14:15 horas. Yo estaba en una reunión y hablé con la tutora, que me confirmó que mi hijo está bien pero que la dirección del centro la comunica que no hay transporte para Fabio. Además, sobre esa misma hora, el encargado de los vehículos contactó conmigo para decirme que la persona responsable del Transporte Escolar en la Dirección Provincial le había avisado de que la línea de transporte de Fabio estaba anulada”, explica Elisa, quien tuvo que abandonar urgentemente su trabajo y desplazarse al colegio para recoger a su hijo.

Esa misma tarde, los padres de Fabio denunciaron los hechos en el cuartel de la Guardia Civil de Tordesillas, alegando “la discriminación de un joven discapacitado del mundo rural y denunciando el castigo de la dirección provincial, cuando el Procurador del Común en el año 2021 nos comunicó que no se puede castigar a un discapacitado, ni a su familia por hechos inherentes a la discapacidad», y añadían que a los hechos «el daño moral, económico, laboral y psicológico que se está creando a la familia”.

Elisa y su familia exigen a la administración regional ser comunicados en forma de la supresión del servicio, como corresponde a un acto administrativo: por escrito, motivado y con pie de recurso. “Es evidente que en este caso la Junta de Castilla y León y la Dirección del Centro han actuado como una vía de hecho y sin procedimiento ninguno”, afirma Elisa.